🔍 Militarización, crisis climática y sostenibilidad: una alerta necesaria desde México para el mundo
Ciudadanxs por la Sostenibilidad:
La reciente aprobación en la Cámara de Diputados de México de la reforma que transfiere formalmente el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), al tiempo que permite a sus integrantes contender por cargos de elección popular, representa una inflexión preocupante para la vida democrática del país. Pero no solo eso: también es un asunto que debe analizarse a la luz de sus impactos ambientales, sociales y climáticos.
Desde Citizens4Sustainability una red internacional comprometida con la justicia ambiental, los derechos humanos y la sostenibilidad, consideramos que esta reforma no puede verse aisladamente como un tema de gobernabilidad o seguridad pública. Implica, de fondo, un reposicionamiento de lo militar en la vida civil, con consecuencias profundas en la forma en que enfrentamos desafíos tan complejos como el cambio climático.
El cambio climático no ocurre en el vacío. Está íntimamente ligado a los modelos de gobernanza, a la distribución del poder y a las prioridades del gasto público. En este contexto, el fortalecimiento de las estructuras castrenses para funciones civiles representa una regresión histórica. La evidencia internacional muestra que en los países con mayores niveles de militarización también se reduce el espacio cívico, se limita el acceso a la información y se inhibe la participación comunitaria en los procesos de decisión sobre recursos naturales, territorios, megaproyectos y políticas climáticas.
Más aún, el gasto militar global alcanzó en 2023 un nuevo récord de 2.44 billones de dólares, según el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI), mientras que el financiamiento climático prometido por los países desarrollados a los países del Sur Global aún no alcanza los 100 mil millones anuales comprometidos desde 2009. Esta contradicción es más que simbólica: es estructural. La militarización consume recursos que deberían estar destinados a fortalecer las capacidades locales para la adaptación climática, la gestión de riesgos, la educación ambiental o el acceso a agua segura.
En el caso mexicano, la reforma aprobada no solo consolida la presencia de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, una función que, según los estándares internacionales de derechos humanos, debe estar en manos de cuerpos civiles, sino que también habilita una puerta política peligrosa: los militares podrán competir por cargos de elección popular, sin que exista una separación clara y efectiva entre su función armada previa y su papel político futuro. Esto compromete los principios básicos del Estado civil y amenaza con politizar aún más el uso de la fuerza, en un país que ya enfrenta graves problemas de violencia, desapariciones y criminalización de defensores ambientales.
Desde una perspectiva ambiental y climática, esta reforma debe leerse como parte de una serie de retrocesos. La creciente presencia militar en territorios rurales y zonas estratégicas no solo se ha vinculado a actividades de infraestructura impulsadas sin consulta previa como el Tren Maya o el Corredor Interoceánico, sino que también genera tensiones en comunidades indígenas, restricciones al escrutinio ciudadano y zonas grises en la rendición de cuentas. Los conflictos ambientales no se resuelven con uniformes ni con despliegues armados: se resuelven con diálogo, justicia socioambiental y fortalecimiento institucional.
Además, la historia nos enseña que los conflictos armados y la militarización tienen impactos ambientales devastadores: deforestación, contaminación de acuíferos, ocupación y devastación de áreas naturales, pérdida de biodiversidad, y desplazamientos masivos que incrementan la vulnerabilidad de las personas frente a eventos climáticos extremos. Tan solo en 2022, más de 33 millones de personas fueron desplazadas por desastres ambientales y conflictos armados combinados, según el Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC). La militarización alimenta este ciclo de inestabilidad.
Frente a este panorama, desde Citizens4Sustainability manifestamos nuestra preocupación fundada ante el rumbo que está tomando la política de seguridad en México. No negamos la necesidad de fortalecer las capacidades estatales para proteger a la población, pero ese fortalecimiento debe hacerse dentro del marco de la legalidad democrática, la transparencia, el respeto a los derechos humanos y la centralidad del desarrollo sostenible como eje rector del siglo XXI.
Por ello:
Rechazamos el avance de la militarización en tareas civiles, por los riesgos que conlleva a nivel institucional, climático y social.
Hacemos un llamado a fortalecer las policías civiles, con formación en derechos humanos, resolución pacífica de conflictos y prevención social de la violencia.
Instamos a que se prioricen presupuestalmente las políticas climáticas, de resiliencia y protección de los ecosistemas, por encima del gasto militar.
Exhortamos a la sociedad civil, a la academia y a los jóvenes a alzar la voz y defender los principios de un Estado civil y sostenible.
Hoy más que nunca, el futuro no puede construirse con más armas. El verdadero blindaje frente a la inseguridad es la justicia climática, la equidad y la paz. La sostenibilidad no puede coexistir con el autoritarismo ni con la opacidad. No hay planeta viable sin democracia.
¡El momento de actuar es ahora! Cada uno de nosotros tiene un papel en la construcción de un futuro más justo y resiliente. Sigamos trabajando juntos, porque cada acción cuenta y cada esfuerzo suma. Desde lo local podemos marcar una diferencia real en el escenario global.
Roberto Juárez - Consultor e Investigador en Sostenibilidad y Cambio Climático. Director General YBTFG.
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